La aprobación realizada por la OEA de la Convención para la protección de los derechos de las Personas Mayores es el primer instrumento regional para la promoción, protección y reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores.
Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaron dicha Convención el 15 de junio de 2015, durante la Asamblea General, y fue firmada por los Estados de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.
Aspectos relevantes:
- Su objeto “es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”.
- Establece asimismo que las personas pueden presentar denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas mayores reconocidas en este instrumento.
- En el artículo 36, la nueva Convención indica que los Estados Parte podrán formular consultas a la CIDH en cuestiones relacionadas con su efectiva aplicación, así como solicitar asesoramiento y cooperación técnica a la CIDH para asegurar la aplicación efectiva de cualquiera de las disposiciones allí establecidas.
- Los Estados Parte también acuerdan adoptar medidas para fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor y, sobre la base de una cultura de paz, impulsar acciones de divulgación, promoción de los derechos y empoderamiento de la persona mayor, así como evitar el lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la vejez.
- Los Estados Parte también se comprometen a promover el reconocimiento de la experiencia, la sabiduría, la productividad y la contribución al desarrollo que la persona mayor brinda a la sociedad en su conjunto.
- Para que la Convención entre en vigor, al menos dos de los países firmantes deben ratificarla. La CIDH insta a todos los Estados miembros de la OEA a firmar y ratificar esta Convención, como parte de los esfuerzos por universalizar el sistema interamericano de derechos humanos, de tal manera que todos los tratados y convenciones protejan a los y las habitantes de todos los países de la Organización.
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